La Revolución de Abril de 1965 y la Revolución por Venir
La democracia dominicana continúa siendo una apuesta frágil, acechada por múltiples amenazas que limitan su profundidad y su alcance. Los poderes fácticos y la oligarquía siguen marcando el rumbo del país, mientras el bienestar colectivo permanece como una promesa incumplida, casi una quimera.
La soberanía nacional se ha convertido en un juego de ping-pong, donde se esquiva asignar responsabilidades a las potencias imperialistas por nuestra tragedia histórica, mientras se persigue con cinismo y mala fe a los trabajadores inmigrantes haitianos. Estos, a pesar de ser pieza clave en el sostenimiento del modelo económico que beneficia a la oligarquía criolla, son criminalizados y marginados.
El trabajo en el país sigue siendo precario, mal remunerado, inseguro y carente de garantías mínimas para una vida digna. La educación, por su parte, está lejos de ser inclusiva y transformadora. El acceso a una enseñanza de calidad sigue siendo un privilegio de pocos. Las escuelas se encuentran en mal estado, y el currículo educativo, desfasado y carente de propósito, reproduce valores que perpetúan la desigualdad y la mediocridad.
En el ámbito de la salud, el sistema público no reúne condiciones básicas para ser considerado funcional. Es un sistema drenado por aseguradoras y mecanismos de cobro que anteponen la ruina económica del paciente a su recuperación y bienestar.
Sesenta años después de Abril, la necesidad de una nueva revolución sigue intacta. Una revolución que, al igual que en 1965, nazca desde el pueblo y ponga todas las cartas sobre la mesa. Una revolución que reclame el poder soberano para redactar una nueva Constitución, establecer leyes justas y conformar un gobierno que priorice el bienestar colectivo por encima de los intereses de las élites.
Pero seamos claros: las revoluciones no surgen por generación espontánea. Se construyen día a día, mediante un trabajo político inteligente, sistemático y basado en la experiencia. Para ello, es indispensable que las fuerzas políticas con vocación revolucionaria y progresista actúen con mayor claridad estratégica y eficacia que la demostrada en años recientes.
La disputa por el poder político debe enmarcarse dentro de los cauces democráticos, incentivando la participación ciudadana y promoviendo la construcción de un movimiento popular que recoja las demandas actuales del pueblo, situándolas en el centro de la agenda nacional. Es vital que los sectores progresistas comprendan la urgencia de consolidar un espacio electoral sólido de cara a las elecciones de 2028 y más allá. Esto permitirá que los mejores liderazgos comunitarios y populares accedan a cargos de elección pública, para que la lucha no solo se dé en las calles, sino también en las instituciones. Solo así las transformaciones pendientes podrán ocupar su lugar en la agenda de los gobiernos, ya sean locales o nacionales.
Alex Amaro | @alexamarokc
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