¿Quién controla a la Policía Dominicana?
La verdadera pregunta que deja este nuevo episodio no es únicamente quién disparó o quién dio la orden. La pregunta de fondo es otra: ¿quién controla realmente a la Policía Dominicana?
Después de años de anuncios, diagnósticos y comisiones de reforma, resulta difícil sostener que la transformación policial ha producido cambios sustanciales. La institución continúa proyectando una cultura de uso excesivo de la fuerza, escasa rendición de cuentas y una preocupante sensación de impunidad. En demasiadas ocasiones parece actuar como un poder con amplios márgenes de autonomía, capaz de decidir quién vive y quién muere, cuándo y bajo qué circunstancias.
Este fenómeno no surgió de la nada. La Policía que hoy conocemos es también heredera de una larga tradición autoritaria forjada durante la dictadura de Trujillo y los gobiernos represivos de Balaguer. Durante décadas fue concebida más como un instrumento de control social y persecución política que como una institución dedicada a proteger los derechos y las libertades de la ciudadanía. Aunque la República Dominicana ha avanzado en la construcción de instituciones democráticas, esa cultura policial no ha sido completamente desmontada.
Quizá por eso una frase ha sobrevivido durante generaciones y continúa escuchándose en todos los rincones del país: "La gente le tiene más miedo a la Policía que a los delincuentes." Que semejante afirmación haya llegado a normalizarse constituye una de las mayores derrotas del Estado dominicano. Una sociedad no puede sentirse segura cuando quienes están llamados a protegerla también son percibidos como una amenaza.
Ese temor cotidiano no nace únicamente de los casos extremos que terminan con la muerte de un ciudadano. También se alimenta de las denuncias constantes sobre extorsiones, detenciones arbitrarias, abusos de autoridad, acoso y prácticas que afectan a miles de personas en su vida diaria. Cuando estas conductas se repiten durante años sin consecuencias ejemplares, la confianza pública termina erosionándose y la autoridad pierde legitimidad.
Frente a esta realidad, también corresponde preguntarse por la responsabilidad del liderazgo político. Los distintos gobiernos han reconocido la necesidad de reformar la Policía Nacional, pero ninguno ha logrado impulsar una transformación suficientemente profunda. Da la impresión de que la clase política administra el problema sin enfrentarlo plenamente, como si existiera un temor permanente a alterar los equilibrios internos de una institución que debería estar completamente subordinada al poder civil y al Estado de derecho.
Pero el deterioro no se limita al funcionamiento de las instituciones. También alcanza a una parte de nuestra convivencia como sociedad.
Resulta profundamente preocupante observar cómo algunos sectores reaccionaron ante la muerte de Darlin Enmanuel. Para determinados grupos radicalizados, el problema no fue que un joven dominicano muriera a manos de agentes del Estado, sino que la víctima no fuera haitiana. Esa reacción expresa un grado alarmante de deshumanización, donde el valor de la vida depende de la nacionalidad o del origen de las personas. Cuando una sociedad pierde la capacidad de indignarse frente a la muerte injusta de cualquier ser humano, comienza a deteriorarse moralmente.
La contradicción se vuelve aún más evidente cuando esos mismos sectores reivindican un retorno a métodos autoritarios inspirados en el trujillismo, mientras rechazan cualquier intento de fortalecer mecanismos democráticos para combatir la desinformación, la difamación o los discursos que buscan sembrar odio. No se trata de defender restricciones arbitrarias a la libertad de expresión, sino de señalar la incoherencia de quienes reclaman un Estado implacable para unos, pero completamente permisivo cuando se trata de sus propios excesos.
La violencia policial no puede analizarse de manera aislada. Forma parte de un problema más amplio relacionado con la calidad de nuestra democracia, la fortaleza de nuestras instituciones y la cultura política que hemos construido como nación. Allí donde la violencia estatal se normaliza, también se debilita el respeto por la ley y por la dignidad humana.
Por eso la pregunta inicial sigue siendo la más importante: ¿quién controla a la Policía? Mientras esa respuesta continúe siendo difusa, cualquier reforma correrá el riesgo de quedarse en cambios administrativos o cosméticos. Una verdadera transformación exige control civil efectivo, mecanismos independientes de supervisión, transparencia, rendición de cuentas y una nueva doctrina policial centrada en la protección de los derechos humanos.
La democracia no se mide únicamente por la celebración de elecciones libres. También se mide por la capacidad del Estado para someter a la ley a quienes ejercen el monopolio de la fuerza. Una policía que actúa sin controles efectivos deja de ser garante de la seguridad para convertirse en un factor de incertidumbre. Y cuando los ciudadanos comienzan a temer más a quienes deben protegerlos que a quienes los amenazan, es la propia democracia la que empieza a perder terreno.
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